Toluca, Estado de México, 4 de febrero de 2026. — Integrantes del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” realizaron la mañana de este miércoles un nuevo plantón frente al Poder Judicial del Estado de México, sobre avenida Nicolás Bravo, donde instalaron una cárcel simbólica para exigir la liberación de personas que consideran injustamente privadas de la libertad, entre ellas Tomás Gabriel Crisanto, indígena otomí sentenciado a 54 años de prisión.
Durante la protesta, Carmela Flores, esposa de Tomás Gabriel Crisanto, pidió públicamente a las autoridades judiciales que se ejecute su liberación, así como la de otros internos cuyos casos forman parte del colectivo.
“Le venimos a pedir al Poder Judicial del Estado de México que le dé la libertad a mi esposo, pero también a todos los compañeros. Lo que yo estoy sufriendo lo sufren muchas familias. El penal es una bomba de tiempo por las condiciones en las que viven”, expresó.
Un caso emblemático de presunta injusticia judicial
El caso de Tomás Gabriel Crisanto, originario del municipio de Temoaya, se ha convertido en uno de los más representativos dentro de las protestas por presuntas violaciones al debido proceso en el Estado de México.
De acuerdo con su defensa y organizaciones de derechos humanos, fue detenido en 2013, acusado de un homicidio doloso ocurrido tras una riña vecinal en una comunidad otomí. Sin embargo, sostienen que nunca accionó el arma con la que se privó de la vida a la víctima.
El presunto responsable directo, su sobrino —menor de edad en ese momento—, reconoció los hechos y fue sentenciado a tres años de internamiento, declaración que, según la familia, no fue considerada por la autoridad judicial.
Detención, proceso y reclusión
Aunque los hechos ocurrieron en Temoaya, Tomás Gabriel Crisanto fue detenido en el municipio de Lerma, cuando acudió de manera voluntaria a las oficinas de la Fiscalía para informarse sobre la situación jurídica de su sobrino, según consta en la versión de su defensa.
Desde entonces, ha permanecido recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, conocido como “Santiaguito”, donde ha cumplido más de 12 años de prisión.
Irregularidades señaladas por la defensa
Entre las principales irregularidades denunciadas se encuentran:
- Violaciones al debido proceso, incluida la falta de una defensa adecuada.
- Ausencia de intérprete de lengua otomí, pese a su origen indígena.
- Presunta tortura física y psicológica tras su detención.
- Señalamientos de fabricación de culpables, documentados por organizaciones civiles.
El colectivo “Haz Valer Mi Libertad” ha incluido su caso en listados de personas que, afirman, fueron sentenciadas sin pruebas suficientes.
Amnistía sin ejecución y lucha familiar
En marzo, Tomás Gabriel Crisanto obtuvo una amnistía bajo la Ley de Amnistía del Estado de México; no obstante, su salida del penal no se ha concretado debido a trámites relacionados con la reparación del daño, situación que su familia considera un obstáculo administrativo injustificado.
Carmela Flores también ha denunciado la lentitud del Poder Judicial para ejecutar la resolución, y recordó que su hija —quien estudiaba Derecho para apoyar la defensa de su padre— falleció recientemente a causa de una enfermedad, sin haber visto a su padre en libertad.
Debido a que el caso pertenece a la jurisdicción judicial de Toluca, las movilizaciones se han concentrado en el Palacio del Poder Judicial, donde el colectivo advirtió que las protestas continuarán hasta que se concrete la liberación definitiva.
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