Toluca, Estado de México, 31 de marzo de 2026.— Con una meta de ahorro superior a 48 millones de pesos, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) implementó un programa de austeridad y racionalidad del gasto para 2026, en un contexto de presión presupuestaria, rezago operativo y alta carga en servicios personales.
El acuerdo publicado en la Gaceta del Estado de México, establece medidas obligatorias para todo el personal administrativo y jurisdiccional, con el objetivo de optimizar recursos sin afectar la impartición de justicia.
Meta de ahorro: más de 48 millones de pesos
El documento fija como objetivo un ahorro total de 48 millones 117 mil 245 pesos, cifra que deberá alcanzarse mediante recortes operativos, control del gasto y eficiencia administrativa.
Esta política se inserta en un entorno donde el presupuesto estimado del Poder Judicial ronda los 4 mil 810 millones de pesos, dentro de un gasto estatal global que supera los 410 mil millones de pesos para 2026.
Presión presupuestaria y déficit de jueces
Uno de los factores que explican la estrategia de austeridad es la estructura del gasto interno del PJEM, donde:
- El 72% del presupuesto se destina a servicios personales (nómina)
- Existe un déficit de entre 70 y 89 jueces, lo que impacta en la capacidad operativa
Este escenario obliga a reorientar recursos hacia funciones sustantivas, sin ampliar significativamente el presupuesto.
Recortes en operación y servicios
El plan contempla ajustes en áreas clave del gasto cotidiano:
Combustible y parque vehicular
- El suministro de gasolina se limitará al promedio trimestral
- El recurso no utilizado no será acumulable, lo que lo convierte en ahorro automático
Papelería y materiales
- Se prioriza el uso de impresiones a doble cara y en blanco y negro
- Se fomenta la reutilización de insumos, como micas de expedientes
Telecomunicaciones
- Se implementará la unificación de servicios de internet móvil
- Se eliminarán contratos aislados para generar economías de escala
Apuesta por tecnología para reducir costos
El acuerdo también plantea medidas en materia tecnológica:
- Optimización de almacenamiento digital para evitar compra de nuevos equipos
- Reducción del consumo energético en centros de datos y sistemas de enfriamiento
- Instalación de paneles solares y sistemas de control de iluminación
Estas acciones buscan disminuir el gasto estructural de largo plazo.
Menos contratación y mantenimiento de mobiliario
En el rubro administrativo, el PJEM establece:
- Racionalización de contratos por honorarios
- Prioridad al mantenimiento de mobiliario existente sobre nuevas adquisiciones
La estrategia apunta a extender la vida útil de los bienes públicos.
Supervisión y control interno
Para garantizar el cumplimiento del programa, el acuerdo establece mecanismos de vigilancia:
- Informes trimestrales sobre avances en ahorro
- Supervisión por parte de la Contraloría Interna
- Campañas de difusión para asegurar que el personal aplique las medidas
Alineación con política estatal de austeridad
El programa responde a lineamientos del Decreto 241, aprobado por la Legislatura mexiquense, que obliga a los poderes públicos a implementar medidas de contención del gasto.
También se vincula con el Plan de Desarrollo estatal, que promueve cero corrupción y austeridad, así como con el programa institucional del propio Poder Judicial.
Entrada en vigor
Las medidas entraron en vigor el 28 de marzo de 2026, un día después de su publicación en la Gaceta del Gobierno.
Un modelo de eficiencia bajo presión
El acuerdo refleja un modelo de ajuste interno en un sistema judicial con limitaciones estructurales, donde el reto consiste en mantener la operación con menos recursos disponibles y mayor demanda de servicios.
La efectividad del plan dependerá de su aplicación real y de su impacto en indicadores como tiempos de resolución de casos, carga laboral y acceso a la justicia.
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