Toluca, Estado de México, 8 de mayo de 2026.- La violencia química o ácida podría convertirse en un delito autónomo en el Estado de México, con penas de hasta 60 años de prisión, luego de que el Grupo Parlamentario del PRD, encabezado por el diputado Omar Ortega Álvarez, así como la Fundación Carmen Sánchez MX y mujeres sobrevivientes de este tipo de agresiones, presentaran iniciativas por separado ante el Congreso mexiquense.
Las propuestas, discutidas en sesión deliberante de la LXII Legislatura, buscan reformar el Código Penal estatal y diversas leyes en materia de acceso a la justicia y atención a víctimas, con el objetivo de reconocer este tipo de ataques como una forma extrema de violencia de género y establecer mecanismos integrales de protección, reparación del daño y atención especializada.
Castigos de hasta 60 años de cárcel
La diputada Araceli Casasola Salazar, al presentar la iniciativa del PRD, expuso que el proyecto contempla sanciones de hasta 60 años de prisión, además de agravantes cuando exista relación sentimental, familiar, laboral o de confianza entre agresor y víctima.
La propuesta establece que incurre en violencia química quien utilice sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, radiactivas o cualquier agente químico que provoque lesiones internas o externas, afecte la integridad física o psíquica de una persona, o ponga en riesgo su vida y dignidad.
El planteamiento fija penas de 20 a 40 años de prisión y multas de 800 a mil días, aunque estas sanciones podrían incrementarse hasta en una mitad cuando las lesiones generen deformidad permanente en el rostro, pérdida de órganos o afectaciones irreversibles.
Además, la iniciativa busca que este delito sea investigado bajo el marco de la violencia feminicida, debido al nivel de daño físico y psicológico que ocasionan estas agresiones.
Violencia química, reconocida como tortura
Las reformas planteadas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Méxicodefinen la violencia química como una forma extrema de agresión que consiste en arrojar o aplicar ácidos, álcalis o sustancias químicas con la intención de causar mutilaciones, dolor severo, desfiguración o la muerte.
El proyecto también contempla que las víctimas tengan derecho a:
- Atención médica especializada de por vida
- Cirugías reconstructivas
- Tratamientos dermatológicos y oftalmológicos
- Atención psiquiátrica y psicológica
- Protocolos de salud urgentes
- Reparación integral del daño
La propuesta establece que el Estado garantice la gratuidad de estos tratamientos, incluso mediante instituciones privadas cuando el sistema público no cuente con la especialidad requerida.
Fiscalía y tribunales especializados
Otro de los ejes centrales consiste en la creación de fiscalías y tribunales especializados en violencia química, integrados por personal capacitado en perspectiva de género para evitar la revictimización y la minimización de los daños.
Las iniciativas también plantean:
- Protocolos médicos, policiales y ministeriales especializados
- Peritajes integrales sobre afectación física y psicosocial
- Investigación con perspectiva de género
- Sanciones a autoridades negligentes
- Registro Estatal de Víctimas de Agresiones con Sustancias Químicas
El registro tendría como objetivo documentar casos, generar estadísticas y diseñar políticas públicas de prevención y atención.
Fundación Carmen Sánchez impulsa tipo penal autónomo
Por separado, la Fundación Carmen Sánchez MX, acompañada por sobrevivientes de ataques con ácido, presentó una iniciativa que busca crear un tipo penal autónomo para la violencia química y ampliar las agravantes en casos de tentativa de feminicidio y homicidio calificado.
La presidenta de la organización, María del Carmen Sánchez Flores, asistió a la sesión legislativa, hecho reconocido por diputadas de distintas bancadas.
La propuesta considera como violencia química cualquier agresión mediante ácidos, líquidos a altas temperaturas, gases o agentes físicos que provoquen lesiones, discapacidad, pérdida de órganos o secuelas psicosociales.
Las sanciones previstas van de seis a 20 años de prisión y multas de hasta 3 mil 500 UMAs, equivalentes a aproximadamente 410 mil 585 pesos. Sin embargo, las penas podrían aumentar hasta en dos tercios cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables.
Agravantes por razones de género
Entre los factores agravantes contemplados destacan:
- Que la víctima sea mujer, niña o adolescente
- Ataques dirigidos al rostro o cuerpo
- Existencia previa de amenazas o violencia
- Relación sentimental o familiar entre víctima y agresor
- Ataques cometidos por servidores públicos
- Agresiones en vía pública o dentro del hogar
- Casos relacionados con orientación sexual o identidad de género
Asimismo, la iniciativa propone que las lesiones ocasionadas con sustancias químicas que pongan en riesgo la vida sean castigadas como feminicidio en grado de tentativa.
Protección integral para víctimas y familias
Las propuestas legislativas buscan ampliar la protección social y económica para las sobrevivientes, incluyendo:
- Subsidios económicos
- Continuidad laboral y educativa
- Atención psicológica para familiares
- Guardas y protección para hijas e hijos menores
- Incapacidades laborales derivadas de las secuelas
- Certificados de discapacidad en casos permanentes
También se plantea que hospitales públicos y privados estén obligados a notificar de inmediato a las autoridades sobre casos de violencia química y preservar evidencias para las investigaciones ministeriales.
Congreso mexiquense acumula iniciativas sobre violencia ácida
Las iniciativas del PRD y de la Fundación Carmen Sánchez se suman a otras propuestas impulsadas previamente por las diputadas de morena Zaira Cedillo Silva y Nelly Brígida Rivera Sánchez, quienes también plantearon reformas para sancionar este tipo de ataques en el Estado de México.
Con ello, el Congreso mexiquense acumula diversos proyectos encaminados a reconocer la violencia química como una de las expresiones más graves de violencia de género, en medio de exigencias de colectivos y sobrevivientes para endurecer las penas y garantizar atención integral a las víctimas.
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