Ley Mariana Lima Buendía: Irinea exige investigar las muertes violentas de mujeres y castigar las omisiones de autoridades

• Tras 16 años de lucha por el feminicidio de su hija, Irinea Buendía pidió que la reforma aprobada en el Estado de México se traduzca en investigaciones con perspectiva de género y sanciones de hasta 10 años de prisión contra servidores públicos que obstaculicen la justicia.

Toluca, Estado de México, 1 de octub re de 2026.— Después de 16 años de lucha y 13 años para obtener una sentencia condenatoria por el feminicidio de su hija, Irinea Buendía Cortés exigió que la Ley Mariana Lima Buendía no se limite a una modificación legislativa y que las autoridades del Estado de México garanticen su aplicación. La reforma, aprobada por unanimidad el 10 de septiembre de 2026, establece penas de cuatro a 10 años de prisión para servidores públicos que incurran en determinadas conductas de corrupción, omisión, negligencia u obstrucción de la justicia en delitos cometidos contra mujeres por razones de género.

Durante su intervención, la activista recordó que la muerte de Mariana Lima Buendía, ocurrida el 29 de junio de 2010 en Chimalhuacán, fue investigada inicialmente como suicidio, pese a las denuncias de la familia. Según su testimonio, el expediente pasó por más de 20 ministerios públicos, nueve jueces, más de 60 dictámenes periciales y más de 140 audiencias antes de conseguir una sentencia de 70 años de prisión en marzo de 2023 contra Julio César Hernández Ballinas, expolicía ministerial y esposo de Mariana.

Una sentencia que modificó los criterios de investigación

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya Primera Sala emitió el 25 de marzo de 2015 una sentencia que ordenó corregir las deficiencias en la investigación y estableció criterios para examinar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género. La resolución incluyó la obligación de explorar posibles razones de género, incluso en casos que inicialmente aparenten suicidios o accidentes.

Irinea explicó que este precedente dio origen a una propuesta legislativa que presentó ante el Congreso mexiquense el 8 de agosto de 2023 y que, después de nuevos intentos, fue retomada en la LXII Legislatura.

Hasta 10 años de prisión por negación de justicia

La reforma aprobada modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y el Código Penal estatal. Por una parte, establece expresamente que la Fiscalía General de Justicia deberá investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género, debida diligencia y bajo el protocolo de feminicidio. Por otra, contempla penas de cuatro a 10 años de cárcel, multas de 100 a 150 días y destitución o inhabilitación para los servidores públicos que incurran en las conductas previstas y afecten los derechos de las víctimas.

Irinea exige resultados y capacitación para las fiscalías

Irinea Buendía solicitó a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez garantizar los recursos presupuestales, la capacitación y los mecanismos de supervisión necesarios para aplicar la reforma. También pidió que ministerios públicos, policías, peritos y autoridades judiciales conozcan los criterios establecidos por la SCJN. La activista sostuvo que la aprobación de nuevas disposiciones legales debe acompañarse de cambios en las prácticas institucionales para evitar investigaciones deficientes y procesos que se prolonguen durante años.

La madre de Mariana también dirigió un mensaje a los medios de comunicación, a quienes pidió mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de la legislación y documentar sus resultados.

“Pregunten cuántas investigaciones se están realizando con perspectiva de género, pregunten cuántas autoridades han sido investigadas por sus omisiones, pregunten si las fiscalías están cumpliendo, pregunten si las familias están recibiendo justicia”.

— Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía.

Una lucha que busca extenderse a todo el país

La activista informó que, desde 2022, ha recorrido 31 de las 32 entidades federativas para difundir la sentencia de la Suprema Corte e impulsar reformas similares. Señaló que únicamente le falta visitar Yucatán y que existen propuestas pendientes de resolución en distintos congresos, además de iniciativas promovidas en el ámbito federal. Irinea afirmó que la aprobación de la legislación mexiquense representa una nueva etapa en su exigencia de justicia, pero advirtió que el desafío será comprobar su aplicación efectiva y evitar que otras familias enfrenten las mismas dificultades que ella encontró durante más de una década.