- Un exsecretario de Finanzas de Michoacán, su esposa, dos hijos y un escolta son investigados por una presunta red de extorsión que operaba desde un fraccionamiento residencial de Metepec. Las autoridades identificaron el uso de inteligencia artificial, al menos 19 teléfonos celulares y suplantación de altos funcionarios para obtener dinero, contratos y favores laborales.
Metepec, Estado de México. 8 de octubre de 2026. Una presunta red de extorsión que operaba desde una residencia del exclusivo fraccionamiento La Providencia, en Metepec, utilizó identidades de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, alcaldes y funcionarios federales para solicitar dinero, contratos y nombramientos dentro de la administración pública. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las actividades del grupo se remontan al menos a 2021 y entre sus posibles víctimas figuran políticos, servidores públicos y empresarios de distintas entidades del país.
Un exfuncionario de Michoacán, entre los cinco detenidos
El principal investigado es Luis “N”, quien ocupó los cargos de tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. Según las autoridades, su trayectoria en diferentes niveles de gobierno le permitió construir una red de contactos y obtener información sobre estructuras políticas y administrativas. El exfuncionario cuenta con antecedentes penales por peculado y fue inhabilitado en Michoacán. Junto con él fueron detenidos Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, sus hijos; así como Agustín Arturo “N”, identificado como su escolta.
Inteligencia artificial y llamadas para simular órdenes de altos funcionarios
Las investigaciones señalan que los presuntos implicados obtenían números telefónicos personales de funcionarios y empresarios para establecer contacto mediante llamadas o mensajes de WhatsApp. Primero se presentaban como secretarios particulares de personajes políticos de alto nivel y después simulaban comunicaciones directas con ellos. Para dar credibilidad al engaño utilizaban fotografías, logotipos institucionales, nombres oficiales y herramientas de inteligencia artificial capaces de imitar voces. También elaboraban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios. Una vez que conseguían la confianza de sus interlocutores, solicitaban recursos económicos para presuntas operaciones políticas, agilización de pagos, contratación de empresas o incorporación de personas a puestos públicos. Durante las conversaciones también obtenían información confidencial que, según la Fiscalía, aprovechaban para nuevas suplantaciones y amenazas.
Al menos 19 celulares y una empresa para recibir recursos
La Fiscalía mexiquense identificó al menos 19 dispositivos móviles, entre equipos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, presuntamente utilizados para realizar llamadas y enviar mensajes relacionados con las extorsiones. Durante un cateo en la residencia de La Providencia fueron asegurados teléfonos, múltiples tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama.
Las autoridades señalaron que algunos números coincidían con los reportados por víctimas. La investigación también apunta a que Luis “N” tenía restricciones dentro del sistema bancario mexicano, por lo que presuntamente exigía pagos en efectivo y recurría a una empresa de arquitectura y construcción propiedad de su hija Aimee “N” cuando necesitaba ingresar los recursos al sistema financiero. Parte del dinero habría sido destinado a propiedades en zonas de alta plusvalía y automóviles de lujo, aunque el comunicado no precisa montos, número de inmuebles ni valor de los bienes.
Empresarios también figuraban entre los objetivos
Entre los casos documentados por las autoridades aparece el intento de engaño contra representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnología para documentos de identidad de alta seguridad. Los investigados presuntamente ofrecieron gestionar un contrato a cambio de una cantidad importante de dinero. Para ello, uno de los interlocutores se presentó como asistente personal de un alto funcionario, confirmó datos de los representantes empresariales y solicitó teléfonos de contacto bajo el argumento de que su superior se comunicaría directamente con ellos. Este procedimiento, de acuerdo con la investigación, permitía obtener información adicional y reforzar la apariencia de legitimidad de las comunicaciones.
Cinco vinculados a proceso; permanecerán en prisión preventiva
Los cinco detenidos fueron vinculados a proceso el 6 de octubre de 2026 por su probable participación en el delito de extorsión, según el comunicado conjunto de la SSPC y la Fiscalía mexiquense, fechado este 8 de octubre. Un juez les impuso prisión preventiva justificada y quedaron internos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. Aunque las autoridades atribuyen al grupo operaciones desde hace al menos cinco años y señalan la obtención de importantes recursos económicos, no informaron el número total de víctimas, las cantidades presuntamente obtenidas ni el monto de los bienes asegurados. La investigación continúa y los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria.
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