- Personal del Poder Judicial de la Federación mantiene protestas contra el artículo 38, fracción IV, de la Ley de Carrera Judicial, que contempla la separación del cargo por evaluaciones no acreditadas. Pese a un acuerdo alcanzado el 7 de noviembre, los inconformes exigen garantías legales para conservar sus empleos.
Toluca, Estado de México, 9 de noviembre de 2026.— Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon este lunes Paseo Tollocan, a la altura de Santa Ana Tlapaltitlán, con dirección al centro de Toluca, como parte de las protestas contra los mecanismos de evaluación laboral establecidos por el Órgano de Administración Judicial (OAJ). La movilización afectó la circulación en una de las principales vialidades del Valle de Toluca y puso nuevamente en discusión las disposiciones legales que permiten separar del cargo a integrantes de la carrera judicial por no acreditar las evaluaciones de desempeño.
La inconformidad se concentra en el artículo 38, fracción IV, de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, publicada el 2 de enero de 2025, que establece como causa de separación no acreditar el procedimiento de evaluación determinado por el OAJ. Bajo la consigna “Exámenes sí, despidos no”, los manifestantes rechazan que los resultados de estas pruebas puedan convertirse en una causa para perder el empleo y demandan que su aplicación tenga fines de capacitación y mejoramiento profesional.
Acuerdo del 7 de noviembre no detuvo las protestas
El bloqueo ocurrió dos días después del acuerdo anunciado el 7 de noviembre de 2026 entre representantes sindicales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el OAJ, mediante el cual se planteó modificar el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el 5 de noviembre. Entre los compromisos destacan retirar las disposiciones que permitan sanciones o separaciones laborales derivadas de las evaluaciones, eliminar las pruebas extraordinarias solicitadas por titulares de órganos jurisdiccionales y revisar los porcentajes de calificación sujetos a criterios subjetivos.
Sin embargo, la controversia permanece porque la modificación de un acuerdo administrativo no implica la derogación de una disposición contenida en una ley federal. Aunque el OAJ puede cambiar las reglas operativas de evaluación, carece de facultades para eliminar por sí mismo la causal de separación prevista en el artículo 38, fracción IV. Para retirar esa disposición del marco jurídico sería necesaria una reforma legislativa aprobada por el Congreso de la Unión, situación que mantiene la exigencia de garantías legales por parte de los inconformes.
Evaluaciones y permanencia laboral, el centro del conflicto
La diferencia entre los compromisos administrativos y el contenido de la legislación constituye el principal punto de desacuerdo. Los trabajadores sostienen que aceptar evaluaciones de desempeño no debe representar un riesgo para su estabilidad laboral, mientras que el esquema cuestionado contempla consecuencias sobre la permanencia en la carrera judicial cuando no se acredita el procedimiento correspondiente. La demanda se enfoca en establecer mecanismos de evaluación con criterios verificables, objetivos y orientados al fortalecimiento de las capacidades profesionales.
Hasta este 9 de noviembre, la información disponible sobre los acuerdos entre autoridades judiciales y organizaciones sindicales no acredita la publicación de una reforma que suprima la fracción IV del artículo 38. En ese contexto, las protestas en Toluca reflejan un conflicto que trasciende las condiciones de aplicación de los exámenes: la permanencia de una causal legal de separación laboral, pese al compromiso institucional de retirar sus efectos sancionatorios del esquema administrativo de evaluación.
Bloqueo en Toluca exhibe diferencias sobre la reforma judicial
La movilización de este lunes coloca nuevamente al Poder Judicial Federal frente a las inconformidades de su personal, ahora por las condiciones de permanencia y evaluación establecidas después de la reforma judicial. Mientras no exista una modificación legislativa o una solución jurídica que atienda la disposición cuestionada, el artículo 38, fracción IV, continuará como uno de los principales puntos de conflicto entre trabajadores y autoridades judiciales. El cierre de Paseo Tollocan trasladó esta disputa laboral a las calles de Toluca, con afectaciones para los automovilistas que circulaban hacia la capital mexiquense.
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