
Ciudad de México, 11 de septiembre de 2024. La iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado un fuerte debate en los congresos estatales de México. La propuesta central de esta reforma es que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular a partir de 2025, lo que, según sus promotores, democratizaría el sistema judicial.
Hasta el momento, estados como Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo y Tabasco, gobernados en su mayoría por Morena y sus aliados, han aprobado la reforma, mostrando su respaldo a la iniciativa presidencial. Sin embargo, no todos los congresos han dado luz verde, y en varias entidades, la discusión sigue siendo tensa como lo fue en Querétaro. Legisladores de la oposición han manifestado sus dudas sobre la posible politización del Poder Judicial y la afectación a su independencia.
El proceso legislativo requiere la aprobación en al menos 17 congresos estatales para que la reforma sea constitucional. A pesar del avance en algunos estados, el debate continúa en varios congresos locales, y se espera que las votaciones concluyan antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.
El contraste entre quienes ven en esta reforma una oportunidad para aumentar la transparencia y quienes temen que pueda socavar la autonomía del sistema judicial refleja la complejidad del escenario político actual en el país.

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