- El caso de Orbelín Rodríguez desata cuestionamientos sobre los procedimientos de la Fiscalía del Edomex; acusan arbitrariedad e impacto a ciudadanos sin vínculos delictivos
Luvianos, Estado de México, 14 de abril de 2025– La reciente incautación del rancho ubicado en Los Pinzanes, propiedad del ciudadano Orbelín Rodríguez, ha desatado una creciente controversia en el municipio de Luvianos. El aseguramiento, realizado el pasado 28 de marzo como parte del denominado Operativo Bastión por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ha sido señalado por la familia Rodríguez y organizaciones civiles como un acto arbitrario, sin fundamentos ni pruebas claras que lo justifiquen.
Una propiedad construida con años de trabajo en EE.UU.
Orbelín Rodríguez, originario de Luvianos, emigró hace más de 14 años a Estados Unidos, donde asegura haber trabajado de forma constante y legal. Con el fruto de ese esfuerzo, regresó a México para invertir en su comunidad, establecer un pequeño negocio y construir su vivienda en la comunidad de Los Pinzanes, ubicada en las faldas de la Sierra de Nanchititla.
“Todo esto es el resultado de dos décadas de trabajo allá. No hay nada ilegal”, afirmó Rodríguez, quien junto a su padre presentó escrituras y documentos de propiedad que datan desde 1997.
Aseguramiento sin pruebas visibles, denuncian
Durante el operativo, en el que participaron elementos de la SEDENA, Policía Estatal y agentes de la Fiscalía, el inmueble fue asegurado sin que se entregaran razones específicas ni documentación oficial. Rodríguez relata que fue alertado por su jardinero, y al llegar, encontró la propiedad sellada. “Solo me pidieron que firmara. No me explicaron nada”.
La Fiscalía argumentó una posible relación del predio con el grupo criminal La Familia Michoacana, sin embargo, no presentó pruebas al respecto. La familia insiste en que se trata de una acción basada en suposiciones, sin una investigación exhaustiva.
Impacto emocional y económico a la familia Rodríguez
Desde el aseguramiento, la familia ha tenido que abandonar su vivienda y rentar en otro lugar. Rodríguez afirma que sus hijos, ciudadanos estadounidenses, han sido afectados emocionalmente y decidieron regresar a EE.UU. por miedo e inseguridad.
“Nos están juzgando sin conocernos. No tenemos antecedentes, no estamos involucrados en nada ilegal. Solo queremos vivir tranquilos y recuperar nuestra casa”, expresó.
Además de la afectación patrimonial, Rodríguez ha tenido que detener sus actividades productivas, lo que ha generado pérdidas económicas y un daño moral que, asegura, aún no ha sido atendido por la autoridad.
Organizaciones civiles exigen revisión del caso
La Defensoría de los Pueblos de Tierra Caliente ha manifestado su respaldo a la familia Rodríguez, asegurando que el caso representa una alarmante tendencia de irregularidades en los operativos judiciales en el sur del Estado de México.
“Estamos viendo una criminalización sin pruebas. Es necesario que la Fiscalía revise cada caso y garantice que no se están cometiendo injusticias bajo el pretexto del combate al crimen”, advirtieron integrantes de la organización.
Actualmente, colaboran en la integración de un expediente legal que demuestre la procedencia lícita del rancho “Las Cuchillas” y solicitan la restitución inmediata del inmueble.
Operativo Bastión: cuestionamientos por supuestas irregularidades
El aseguramiento del rancho de Rodríguez no es un hecho aislado. En el marco del Operativo Bastión, al menos 21 propiedades han sido incautadas en la región, muchas de ellas con señalamientos de procedimientos poco claros, ausencia de órdenes judiciales y afectaciones a personas sin antecedentes penales.
Habitantes de comunidades rurales expresan preocupación por lo que consideran un uso desmedido de la fuerza pública, sin un respeto claro al debido proceso.
“La gente está asustada. Sabemos que hay que combatir al crimen, pero no a costa de pisotear los derechos de ciudadanos que no tienen nada que ver”, apuntó un vecino de la zona.
La exigencia: reparación del daño y transparencia en operativos
Orbelín Rodríguez acudió por segunda ocasión al edificio central de la FGJEM para exigir información sobre su caso. Reitera que no tiene vínculos con grupos delictivos y que su patrimonio es legítimo.
“Queremos que nos devuelvan nuestra casa, que limpien nuestro nombre y que paren esta criminalización. Solo pedimos justicia”, concluyó.
El caso sigue abierto y se mantiene bajo observación de colectivos civiles, quienes advierten que no permitirán que este ni otros aseguramientos sin sustento queden en la impunidad.
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