- El exfuncionario ambiental del Estado de México y exdiputado federal fue detenido en Acapulco, Guerrero, tras acusaciones de empresarios de verificentros y estaciones de servicio. Los denunciantes señalaron presuntos pagos mensuales de 80 mil a 100 mil pesos, además de exigencias extraordinarias de hasta 800 mil pesos.
Toluca, Estado de México, 10 de agosto de 2026.— Cobros mensuales de hasta 100 mil pesos, exigencias en efectivo que presuntamente alcanzaban los 800 mil pesos y amenazas de clausura forman parte de los señalamientos contra Raúl Piña Horta, exfuncionario de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, quien fue detenido en Acapulco, Guerrero, acusado de encabezar una presunta red de extorsión contra empresarios vinculados con verificentros y estaciones de servicio.
De acuerdo con el periodista, Juan Gabriel González, las acusaciones colocaron bajo investigación a quien estuvo al frente de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica del gobierno mexiquense, área relacionada con la regulación ambiental. De acuerdo con los testimonios de empresarios afectados, desde esa estructura se habrían ejercido presiones económicas contra establecimientos sujetos a supervisión y permisos ambientales.
Denuncian cuotas de hasta 100 mil pesos al mes
Según los señalamientos, propietarios y operadores de centros de verificación vehicular y gasolineras recibían presuntas exigencias de pagos mensuales que fluctuaban entre 80 mil y 100 mil pesos. Los denunciantes también reportaron solicitudes extraordinarias de dinero en efectivo por cantidades de hasta 800 mil pesos, supuestamente a cambio de conservar sus permisos y mantener abiertos sus establecimientos.
El mecanismo descrito por los empresarios incluía presuntas amenazas de clausuras en caso de rechazar los pagos. Entre los argumentos que, según las denuncias, se utilizaban para justificar posibles cierres figuraban supuestas fugas o irregularidades relacionadas con contaminación ambiental. Corresponderá a las autoridades ministeriales determinar la existencia de estas prácticas, su alcance y las responsabilidades individuales.
El caso llegó a las conferencias presidenciales
Los señalamientos contra Piña Horta trascendieron el ámbito estatal después de que las denuncias fueran expuestas públicamente durante las conferencias matutinas de la Presidencia de la República.
Ante las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los empresarios afectados presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que los hechos fueran investigados por las autoridades competentes.
La exposición pública elevó el alcance de un caso que involucra a sectores sujetos a regulación gubernamental y cuyos denunciantes aseguran haber enfrentado presiones económicas para continuar con sus operaciones.
De diputado federal a funcionario ambiental en Edomex
Piña Horta también cuenta con trayectoria política. Militó en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ocupó una diputación federal durante la LIX Legislatura.
Posteriormente se incorporó a la administración pública del Estado de México y llegó a ocupar la titularidad de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal.
Su paso por esa dependencia adquiere relevancia dentro de las investigaciones debido a que las acusaciones provienen precisamente de empresarios cuyos establecimientos requieren cumplir disposiciones y controles en materia ambiental.
Detención abre una nueva etapa en la investigación
La captura del exfuncionario en Acapulco, Guerrero, abre una nueva fase judicial en torno a las acusaciones. Hasta ahora, los datos disponibles señalan presuntos cobros de entre 80 mil y 100 mil pesos mensuales, así como exigencias extraordinarias de hasta 800 mil pesos.
Las investigaciones deberán establecer cuántos empresarios fueron afectados, durante cuánto tiempo habrían ocurrido los presuntos cobros, el monto total involucrado y si otras personas participaron en el esquema denunciado.
También corresponderá a las autoridades presentar los elementos de prueba ante la instancia judicial competente y determinar la situación jurídica del exfuncionario. Las acusaciones permanecen sujetas al proceso penal y Piña Horta conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
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