Toluca, Estado de México, 4 de julio de 2025. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la primera sentencia condenatoria dentro de la Operación “Enjambre”, con una pena de 47 años y 6 meses de prisión contra dos implicados en un caso de homicidio calificado, entre ellos un exelemento de la Policía Municipal de Nicolás Romero.
Primera condena: homicidio cometido en febrero de 2024
Los sentenciados son Erik Adrián Hernández Mejía, alias “El Tocino”, quien se desempeñaba como policía municipal, y Uriel Gutiérrez Balderas, civil, identificados como responsables del asesinato de un hombre ocurrido el 9 de febrero de 2024 en la colonia La Libertad del municipio de Nicolás Romero.
De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, ese día la víctima, identificada por las iniciales L.B.B., se encontraba en un local de comida, cuando un grupo de sujetos arribó en dos vehículos y disparó en su contra, privándolo de la vida.
La investigación determinó que Hernández Mejía y otros policías utilizaron una patrulla oficial para bloquear la vialidad, facilitando así que los atacantes llevaran a cabo el homicidio y escaparan sin ser perseguidos. Además, tras el crimen, los uniformados pasaron por el lugar sin intervenir ni reportar el hecho.
Detención y vínculos con red criminal en Nicolás Romero
“El Tocino” fue detenido en junio de 2024, en el contexto de una investigación más amplia derivada del hallazgo de restos humanos de al menos 10 personas, descubierto el 22 de abril de ese año en un predio de la colonia El Mirador, también en Nicolás Romero.
El hallazgo, coordinado por la FGJEM, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), y servicios de emergencia del SUEM, permitió abrir una línea de investigación que reveló la existencia de una estructura delictiva operando en el municipio, en la que se identificó la participación activa de policías municipales.
A partir de esa información, y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron detenidas 21 personas entre abril y junio de 2024. De ellas, 10 eran policías municipales en activo o exfuncionarios vinculados con homicidios y protección a células criminales.
“Operación Enjambre”: red de corrupción en corporaciones locales
La sentencia de este jueves representa el primer fallo judicial derivado de la Operación “Enjambre”, una estrategia iniciada por la FGJEM con el objetivo de desmantelar redes de protección institucional a grupos delictivos generadores de violencia en el Estado de México.
Según la Fiscalía, hasta la fecha, 60 personas han sido detenidas en el marco de esta operación, la mayoría con vínculos directos con autoridades municipales. Las investigaciones se han centrado en determinar el grado de colaboración entre servidores públicos y estructuras del crimen organizado en varios municipios, principalmente Nicolás Romero.
La dependencia mexiquense afirmó que las investigaciones continúan, con base en tareas de inteligencia y colaboración interinstitucional, para llevar a proceso a todos los involucrados y desarticular completamente la red de protección criminal construida desde las instituciones locales.
Persisten los cuestionamientos sobre infiltración criminal
Aunque la Operación “Enjambre” ha generado resultados visibles, organismos civiles y especialistas en seguridad han advertido sobre la profundidad del problema, al señalar que la infiltración de cuerpos policiacos por parte del crimen organizado no es exclusiva del municipio de Nicolás Romero ni reciente.
La falta de controles internos eficaces y la impunidad estructural en corporaciones municipales han sido señaladas como condiciones que permitieron la operación prolongada de estas redes, lo que ahora pone bajo escrutinio la capacidad de depuración y supervisión por parte de autoridades estatales y federales.
El caso de Erik Adrián Hernández Mejía y Uriel Gutiérrez Balderas marca un precedente judicial importante, pero también evidencia la necesidad de una reforma de fondo en cuerpos de seguridad municipales, donde la connivencia con organizaciones criminales continúa siendo una amenaza vigente para la seguridad pública en el Estado de México.
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