Toluca, Estado de México, 28 de enero de 2026.— El Poder Judicial del Estado de México presentó su Plan de Desarrollo 2025–2027, documento que marca el inicio de una nueva etapa institucional tras la reforma judicial estatal, la cual modificó su estructura, mecanismos de administración y relación con la ciudadanía.
El plan fue dado a conocer en un acto público encabezado por Héctor Macedo García, magistrado presidente del Poder Judicial mexiquense, quien señaló que el documento surge como resultado de un proceso colectivo y de consulta amplia, y no como un ejercicio administrativo aislado.
Reforma judicial y nueva etapa institucional
El documento se enmarca en los cambios derivados de la reforma judicial que introdujo, por primera vez, una presidencia del Poder Judicial electa por voto popular, así como nuevas instancias de administración y disciplina judicial.
De acuerdo con lo expuesto, el plan establece la obligación legal de planear con una visión estratégica, abierta y con enfoque de largo plazo, bajo un esquema de mayor rendición de cuentas y responsabilidad pública.
Participación social y consulta pública
Durante la elaboración del Plan de Desarrollo participaron más de 3 mil personas, entre académicos, operadores del sistema de justicia, especialistas y ciudadanía, según datos presentados durante el evento.
Además, se contó con la colaboración técnica y metodológica de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, el COPLADEM, el Instituto Hacendario del Estado de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que permitió estructurar el documento bajo criterios técnicos y de planeación pública.
Justicia cercana y con enfoque en derechos humanos
Uno de los ejes centrales del plan es la construcción de una justicia cercana a la ciudadanía, con énfasis en la reducción de tiempos de atención, mayor claridad en las resoluciones judiciales y fortalecimiento de la certeza jurídica.
El magistrado presidente subrayó que la impartición de justicia debe entenderse como una política pública, cuyo impacto se refleja directamente en la vida cotidiana de las personas, y reiteró que los derechos humanos y la persona deben colocarse en el centro de todas las decisiones judiciales.
Evaluación, transparencia y lenguaje accesible
El plan plantea mecanismos de evaluación para jueces y magistrados, bajo el argumento de que el Poder Judicial administra recursos públicos y debe responder con resultados medibles y verificables.
Asimismo, se anunció la intención de promover sentencias con lenguaje claro, con el objetivo de que sean comprensibles para la ciudadanía, además de programas de acercamiento social y educativo, como el denominado “Yo por la Justicia”, enfocado en la divulgación de la función judicial en escuelas y comunidades.
Proyectos estratégicos y presencia territorial
El documento rector se estructura en cuatro pilares, dos ejes transversales y ocho proyectos prioritarios, entre los que destacan el acceso a servicios judiciales en zonas vulnerables, el impulso a la justicia alternativa, el fortalecimiento de la justicia cívica y la instalación de módulos de atención judicial en municipios.
Estas acciones, según se explicó, buscan reducir la percepción de lejanía histórica del Poder Judicial y fortalecer la confianza ciudadana.
Acompañamiento académico
Durante el evento, la rectora de la UAEMéx, Patricia Zarza Delgado, destacó que el plan refleja una visión humanista y un cambio en la forma de concebir el ejercicio del poder público, al priorizar la dignidad de las personas y el acceso efectivo a la justicia.
La rectora subrayó que la universidad participó en la integración metodológica del documento y manifestó la disposición de la institución para acompañar su implementación y evaluación futura.
Coordinación institucional
El Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México 2025–2027 se alinea con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, con el objetivo de mantener coherencia entre las políticas públicas estatales y federales.
Las autoridades judiciales señalaron que el reto principal será traducir los objetivos estratégicos en mejoras concretas en el servicio de justicia, en un contexto de alta demanda social por transparencia, eficiencia y confianza institucional.
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