Toluca, Estado de México, 26 de abril de 2026.— Con la entrada en vigor de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, aprobada el 22 de abril de 2026 por la LXII Legislatura, autoridades estatales y municipales enfrentan un nuevo marco jurídico que obliga a garantizar el trato digno a los animales y sancionar su maltrato, bajo estándares constitucionales e internacionales.
El nuevo esquema establece responsabilidades específicas para dependencias estatales, municipios y órganos de procuración de justicia, en lo que especialistas consideran un cambio estructural en la política pública sobre seres sintientes.
Un nuevo enfoque legal: bienestar animal como obligación del Estado
La legislación fija como eje rector el principio de evitar el sufrimiento animal y garantizar su cuidado, alineado con la Constitución y tratados internacionales.
En este contexto, el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez posiciona al Estado de México como la “Capital Mundial del Bienestar Animal”, una declaratoria que acompaña la implementación de políticas públicas transversales.
Dependencias estatales: funciones y atribuciones clave
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) asume un papel central con facultades para:
- Impulsar programas de educación y capacitación
- Emitir Normas Técnicas Estatales
- Promover la creación del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal
A su vez, la Comisión de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) queda a cargo de la operación directa de políticas, entre ellas:
- Centros de Control y Bienestar Animal
- Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta)
- Programa “La Mejor Jugada es Adoptar”
- Registro Único de Animales de Compañía
- Padrón de Asociaciones Protectoras
- Protocolos ante contingencias
Educación y cultura: eje preventivo
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) deberá incorporar el respeto a los animales mediante:
- Programas educativos
- Campañas de concientización
- Registro de instituciones que interactúan con seres sintientes
Este componente busca incidir en la formación social y reducir conductas de maltrato desde etapas tempranas.
Seguridad y justicia: combate al maltrato animal
El marco legal establece una coordinación directa entre autoridades de seguridad y procuración de justicia:
- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales deberán:
- Rescatar animales
- Remitir infracciones al Ministerio Público
- Crear unidades de vigilancia especializadas
- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) será responsable de:
- Investigar y perseguir delitos de maltrato animal
En paralelo, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem) tendrá atribuciones para:
- Realizar inspecciones y operativos
- Supervisar establecimientos con animales
- Emitir recomendaciones
- Coordinar rescates
Municipios: primera línea de atención y sanción
Los ayuntamientos asumen funciones operativas clave:
- Difundir normas de trato digno
- Atender denuncias ciudadanas
- Imponer sanciones administrativas
- Regular centros de control animal
- Supervisar criaderos, mercados y transporte
- Retirar cadáveres de la vía pública
Además, deberán coordinarse con autoridades estatales para implementar:
- Campañas de vacunación antirrábica
- Esterilización y desparasitación
- Control de zoonosis
Impacto esperado: salud pública y convivencia social
El diseño de la ley plantea efectos más allá del ámbito ambiental:
- Mejora en la salud pública, mediante control de enfermedades zoonóticas
- Reducción del abandono animal
- Fortalecimiento de la convivencia social
Autoridades estatales sostienen que la política busca colocar a la entidad a la vanguardia en estándares internacionales de bienestar animal, con un enfoque integral que combina prevención, sanción y educación.
Análisis: de la norma a la aplicación
El reto principal se centra en la capacidad operativa de municipios y dependencias, así como en la asignación de recursos para cumplir con las nuevas obligaciones.
La legislación introduce un modelo que traslada el bienestar animal del terreno ético al ámbito jurídico, lo que abre la puerta a sanciones más estrictas y a una mayor participación ciudadana en la denuncia de casos de maltrato.
En este escenario, el Estado de México inicia una etapa donde el cumplimiento de la ley será determinante para evaluar si el nuevo marco normativo logra traducirse en resultados medibles en protección animal y calidad de vida social.
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