Toluca, Estado de México, 24 de abril de 2026.- En medio de limitaciones presupuestales que impactan la operación de gobiernos estatales y municipales, el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno presentó una iniciativa para excluir el gasto en servicios personales de seguridad pública y salud del límite de crecimiento anual del 3%, establecido en la legislación federal.
La propuesta, planteada ante el Congreso mexiquense, busca modificar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para permitir mayor flexibilidad en la contratación de personal operativo en áreas consideradas prioritarias.
El límite del 3% y su impacto en estados y municipios
Actualmente, la normativa federal establece un “candado” que impide que el gasto en salarios, prestaciones y creación de plazas en el sector público crezca por encima del 3% anual.
El legislador argumentó que esta regla responde a una lógica que prioriza el control del gasto por encima de las necesidades sociales.
Señaló que el modelo favorece “números negros en papel, aunque existan números rojos en salud y seguridad”.
Qué propone la iniciativa
La reforma plantea que queden fuera de ese límite los recursos destinados a:
- Policías estatales y municipales
- Personal médico
- Enfermería y paramédicos
- Trabajadores vinculados directamente a servicios de salud y seguridad
El objetivo es permitir que estos sectores crezcan conforme a la demanda social, sin afectar la disciplina financiera.
El documento establece que estos gastos deberán mantenerse identificados y reportados de forma diferenciada en presupuestos y cuentas públicas.
Excepciones y alcances
La iniciativa mantiene algunas disposiciones vigentes y agrega nuevas excepciones:
- Permanecen fuera del tope los pagos derivados de sentencias laborales definitivas, como indemnizaciones o salarios caídos.
- Se excluyen también los gastos necesarios para implementar nuevas leyes federales o reformas.
Sin embargo, se precisa que la flexibilización no aplicará al personal administrativo que no participe de forma directa en funciones sustantivas.
Ajustes técnicos y plazos
En los artículos transitorios se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Consejo Nacional de Armonización Contable, deberá realizar adecuaciones en clasificadores presupuestales.
El plazo para estos ajustes será de 180 días naturales tras la entrada en vigor del decreto, con el fin de permitir que estados y municipios identifiquen y reporten correctamente el gasto operativo en estos sectores.
Déficit de policías y personal de salud
La propuesta retoma diagnósticos oficiales que evidencian rezagos estructurales:
- En México existe un promedio de 1.0 policías estatales por cada mil habitantes, por debajo de estándares internacionales.
- A nivel municipal, la cobertura resulta insuficiente, especialmente en entidades con alta densidad poblacional como el Estado de México.
En el sector salud, el legislador destacó que la infraestructura hospitalaria requiere mayor personal médico y técnicopara operar de forma eficiente.
Contexto: federalización del sistema de salud
Durante la exposición, el diputado hizo referencia al modelo de federalización del sistema sanitario impulsado a través del IMSS-Bienestar, el cual demanda más recursos humanos especializados.
Cuestionó la viabilidad de mantener el límite actual ante el crecimiento poblacional:
“No se puede explicar a un municipio que no pueda contratar cinco médicos por una restricción del 3%; es un criterio ilógico e injusto”.
Alcance político y operativo
La iniciativa, dirigida al Congreso de la Unión, busca dotar de mayores herramientas a gobiernos locales, incluida la administración encabezada por Delfina Gómez Álvarez, así como a los 125 municipios mexiquenses, para fortalecer su capacidad operativa.
De acuerdo con el documento, la medida permitiría incrementar la presencia del Estado en territorios prioritarios, sin generar un crecimiento descontrolado en nóminas administrativas.
Un debate entre disciplina fiscal y capacidad institucional
El planteamiento abre la discusión sobre el equilibrio entre control presupuestal y necesidades operativas en sectores críticos.
Mientras la legislación vigente busca evitar desequilibrios financieros, la iniciativa propone un ajuste focalizado que permita atender déficits en seguridad y salud, áreas donde la demanda supera la capacidad actual de respuesta institucional.
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