- Ernesto “N” y otros siete imputados enfrentan una investigación federal por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando, relacionados con operaciones irregulares en la importación, distribución y comercialización de combustibles. Cinco de los acusados permanecerán en el penal federal del Altiplano, dos seguirán el proceso desde sus domicilios por motivos de salud y una mujer fue enviada a un penal de Nezahualcóyotl.
Toluca, Estado de México, 19 de julio de 2026.— El exgobernador de Baja California Ernesto “N” fue ingresado este domingo al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, después de que un juez federal le impuso prisión preventiva por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una investigación relacionada con una presunta red dedicada al llamado huachicol fiscal.
Traslado al Altiplano bajo operativo federal
El ingreso al penal federal ocurrió alrededor de las 11:00 horas, bajo un dispositivo en el que participó personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El traslado se concretó después de una audiencia inicial que se extendió por más de un día en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Altiplano, donde la Fiscalía presentó las imputaciones contra las personas detenidas como resultado de una investigación sobre operaciones presuntamente irregulares con productos derivados del petróleo.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, formuló imputación contra ocho personas: Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”. Durante la audiencia, la representación federal presentó casi un centenar de datos de prueba para sustentar la posible participación de los señalados en los delitos investigados.
Cinco imputados permanecerán en el penal federal
Tras varios recesos y el debate entre las partes, el juez determinó prisión preventiva para Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes deberán permanecer en el Cefereso Número 1 “Altiplano” mientras continúa el proceso penal. La medida cautelar no implica una sentencia de culpabilidad, sino que establece el lugar donde enfrentarán esta etapa del procedimiento judicial.
La situación fue distinta para otros tres imputados. José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” fue enviada a un Centro de Reinserción Social en Nezahualcóyotl, de acuerdo con la información difundida sobre el caso. Las defensas solicitaron además la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez contará con un plazo ampliado para resolver si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.
Investigación apunta a importación irregular de combustibles
La indagatoria federal se centra en una presunta estructura relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. Según la investigación presentada por las autoridades, los imputados habrían tenido alguna participación dentro de este esquema, aunque será el proceso judicial el que determine el grado de responsabilidad individual y si las pruebas son suficientes para que enfrenten un proceso penal.
El mecanismo investigado corresponde a una modalidad conocida como huachicol fiscal, distinta al robo directo de combustible de ductos. Este esquema consiste en introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas, incompletas o con una clasificación distinta de la mercancía ante las aduanas. Entre las prácticas investigadas se encuentra reportar cantidades menores a las transportadas o declarar combustibles como otro tipo de productos para reducir o evitar el pago de impuestos y contribuciones.
FGR señala afectación al erario y posible beneficio criminal
De acuerdo con la investigación federal, este tipo de operaciones puede provocar pérdidas fiscales para el Estado, además de generar recursos que eventualmente pueden beneficiar a estructuras criminales involucradas en la cadena ilegal de importación, traslado, almacenamiento, distribución o comercialización de hidrocarburos. Las detenciones derivaron, según la información oficial, de una investigación considerada de alta complejidad y de acciones coordinadas entre distintas instituciones federales.
La situación jurídica definitiva de los ocho imputados deberá resolverse una vez concluido el plazo constitucional solicitado por sus defensas. Hasta entonces, Ernesto “N” y cuatro de los señalados permanecerán en el Altiplano, dos enfrentarán esta etapa bajo resguardo domiciliario y una imputada permanecerá en un penal del Estado de México. Todos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.
+ There are no comments
Add yours