
Toluca, Estado de México, 24 de noviembre de 2024. María Elena “N”, presidenta municipal de Amanalco, fue vinculada a proceso tras ser detenida durante el operativo Enjambre, una estrategia estatal para combatir el crimen organizado. Un juez de Control determinó imponerle prisión preventiva justificada debido a la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, ordenando su traslado al Penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
En la audiencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó pruebas contundentes que señalan a la alcaldesa como partícipe de un esquema de corrupción. Según las investigaciones, María Elena “N” presuntamente entregaba 1.3 millones de pesos cada tres meses a la organización criminal “Familia Michoacana” a cambio de protección, un acuerdo que habría beneficiado tanto a la funcionaria como a la estructura delictiva.
Además, María Elena “N” enfrenta acusaciones graves por su presunta participación como autora intelectual en el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer, Guillermo Jerónimo Roque, ocurrido en enero de 2023. Según la Fiscalía, la presidenta municipal habría ordenado el asesinato debido a diferencias políticas y para mantener el control en la administración pública municipal.
El operativo Enjambre, llevado a cabo por las autoridades estatales, tiene como objetivo desmantelar redes de corrupción y crimen organizado en diversos municipios del Estado de México. María Elena “N” fue detenida junto con otros funcionarios, quienes también enfrentan cargos graves.
La medida cautelar fue justificada por la autoridad judicial debido a la posible interferencia en las investigaciones y la gravedad de las acusaciones. La defensa de María Elena “N” solicitó medidas menos restrictivas, pero el juez reiteró que la prisión preventiva era necesaria para garantizar su permanencia en el proceso judicial.
El caso ha generado amplio interés en la región, no solo por el cargo de la imputada, sino también por las implicaciones de corrupción y complicidad entre autoridades y crimen organizado. La comunidad de Amanalco exige que se investigue a fondo y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

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