Toluca, Estado de México, 15 de abril de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una investigación de oficio por presunto maltrato animal tras señalamientos sobre el sacrificio de hasta 10 mil perros en situación de calledurante la administración municipal en Tecámac encabezada por Mariela Gutiérrez Escalante.
El caso, que surgió a partir de denuncias difundidas en redes sociales por activistas, escaló a nivel institucional luego de que la propia exfuncionaria reconociera la cifra, aunque aseguró que las acciones se realizaron conforme a la normatividad vigente.
Investigación por posible delito de maltrato animal
La FGJEM informó que la indagatoria se centra en la posible comisión de delitos previstos en el Código Penal estatal, particularmente en materia de protección animal.
De acuerdo con la autoridad ministerial:
- El Artículo 235 Bis sanciona la muerte de animales que no sean considerados plaga
- El Artículo 235 Ter contempla agravantes cuando el hecho involucra a servidores públicos responsables del manejo de animales
Ambos supuestos podrían derivar en penas de hasta seis años de prisión, en caso de acreditarse responsabilidad.
Denuncia social y origen del caso
El expediente se originó tras la difusión de testimonios en plataformas digitales, donde una activista señaló que durante dos periodos de gobierno municipal se habrían sacrificado miles de perros en situación de abandono.
El señalamiento detonó una reacción pública y exigencias de investigación por parte de colectivos animalistas, que cuestionan los métodos y protocolos utilizados en el control de fauna urbana.
Postura de la exalcaldesa
En respuesta a las acusaciones, la ahora legisladora sostuvo que el número de animales sacrificados ronda los 10 mil, pero afirmó que las acciones se realizaron bajo criterios legales y sanitarios.
Hasta el momento, no se han dado a conocer documentos públicos que detallen los procedimientos aplicados ni los lineamientos específicos bajo los cuales se efectuaron dichas prácticas.
Dimensión del problema: sobrepoblación y control animal
El caso ocurre en un contexto donde el Estado de México enfrenta un problema estructural de sobrepoblación canina:
- Se estima que millones de perros viven en condición de calle en la entidad
- Los municipios enfrentan limitaciones en infraestructura para control, esterilización y resguardo
- Organizaciones civiles han advertido sobre prácticas irregulares en centros de control animal
Especialistas señalan que los protocolos deben priorizar esterilización, adopción y manejo ético, antes que medidas letales.
Alcances legales y posibles sanciones
La investigación de la Fiscalía busca determinar:
- Si existió maltrato o sacrificio fuera de norma
- Si se cumplieron protocolos sanitarios y administrativos
- La posible responsabilidad de servidores públicos
En caso de acreditarse irregularidades, las sanciones podrían incluir penas de prisión, inhabilitación y responsabilidades administrativas.
Un caso bajo escrutinio público
La apertura de esta investigación coloca bajo revisión las políticas municipales de control animal y abre el debate sobre los límites entre salud pública y bienestar animal.
El desarrollo del caso dependerá de los peritajes, testimonios y documentación oficial que la autoridad logre integrar en las próximas semanas, en un tema que ya genera presión social y política en el Estado de México.
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