Toluca, Estado de México, 22 de mayo de 2026.— Entre fotografías, mensajes escritos y consignas contra la violencia feminicida, familiares de víctimas instalaron este jueves dos memoriales en la Plaza González Arratia, frente a la sede del Poder Judicial del Estado de México, para exigir justicia en los casos de Guadalupe Bastida Reyes y Fátima Pamela López Medina.
La protesta pública colocó nuevamente en el centro del debate las denuncias por retrasos judiciales, reclasificación de delitos, omisiones ministeriales y el impacto emocional que enfrentan las familias durante los procesos penales relacionados con feminicidio en el Estado de México.
“Ya no más amparos”: el caso de Guadalupe Bastida
Bajo la consigna “Ya no más amparos para los asesinos de mi hija”, Regula Reyes Martínez, madre de Guadalupe Bastida Reyes, encabezó uno de los memoriales instalados frente al edificio judicial.
La manifestación ocurrió después de que un juez dictó 95 años de prisión contra Henry Eduardo Bastida Martínez, identificado como autor intelectual del secuestro y feminicidio de la joven ocurrido en noviembre de 2021 en el municipio de Almoloya de Juárez.
Aunque la familia reconoció la sentencia como un avance judicial, la madre de la víctima denunció que la interposición constante de recursos legales por parte de la defensa ha significado un desgaste económico y emocional.
El caso involucró también a Miguel Ángel Rivera Araujo y Dionisio González Garduño, quienes ya habían recibido condenas previas por su participación en los hechos.
De acuerdo con las investigaciones, la ubicación del cuerpo de Guadalupe en un paraje de Loma Blanca fue posible tras las confesiones de los implicados.
El memorial colocado por la familia incluyó:
- Fotografías de la víctima
- Testimonios escritos
- Mensajes contra la impunidad
- Exigencias dirigidas al sistema judicial
Fátima Pamela: denuncian omisiones y falta de perspectiva de género
A unos metros del primer memorial, familiares de Fátima Pamela López Medina exigieron la reclasificación de su caso como feminicidio y no como homicidio.
La joven, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y dedicada al ámbito corporativo, tenía 25 años cuando fue localizada sin vida el 11 de diciembre de 2024 en Naucalpan.
Según denunciaron sus familiares, la investigación ha estado marcada por:
- Omisiones ministeriales
- Irregularidades procesales
- Falta de perspectiva de género
- Eliminación de evidencias digitales
La familia sostuvo que del teléfono celular de la víctima desaparecieron videos, audios y fotografías que podrían resultar fundamentales para esclarecer el caso.
Violencia previa y llamados de auxilio
Los familiares señalaron que Fátima mantenía una relación con Jorge David N., la cual —aseguraron— estaba caracterizada por agresiones constantes.
De acuerdo con el testimonio de su madre, la joven sufría:
- Acoso dentro de su domicilio
- Hostigamiento telefónico
- Vigilancia y amenazas al caminar hacia su casa
La familia afirmó que realizaron llamados de auxilio a autoridades sin obtener respuesta efectiva.
Ante ello, exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México una investigación diligente, transparente y con enfoque de género, además de medidas de protección para familiares y personas cercanas.
Memoriales como protesta contra la impunidad
Con frases como:
- “Hoy somos la voz que le arrebataron a Fátima”
- “Ni una más asesinada. México feminicida”
las familias buscaron transformar el espacio público en un sitio de memoria y presión social frente a las instituciones encargadas de impartir justicia.
Los memoriales permanecieron frente al Poder Judicial mexiquense como símbolo de protesta y exigencia de atención a los casos de violencia feminicida.
Edomex y la violencia feminicida: cifras y presión social
El Estado de México se mantiene entre las entidades con mayor número de investigaciones por feminicidio y desaparición de mujeres en el país, situación que ha derivado en movilizaciones constantes de colectivos y familiares de víctimas.
Organizaciones civiles han señalado de manera reiterada problemas estructurales como:
- Deficiente integración de carpetas de investigación
- Retrasos judiciales
- Revictimización
- Reclasificación de delitos
- Falta de protección institucional
En este contexto, los memoriales instalados en Toluca reflejan cómo las familias han convertido la protesta pública en un mecanismo de presión ante instituciones que, afirman, continúan sin responder con rapidez y perspectiva de género a los casos de violencia contra mujeres.
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